Dos capillas incendiadas en la última semana, ambas en la región de La Araucaria: Santa Joaquina, a 5 km. por el camino que conduce a Niágara, en la comuna Padre Las Casas, y una capilla que desde hace 30 años era el punto de referencia para los fieles de la zona de Quepe, en la comuna de Freire, a 2,5 km. por el camino hacia Mahuidanche, una zona rural al sur de Temuco. En los dos lugares se encontró una tela negra, parcialmente destruida por el fuego, que tenía escrito con letras blancas p.p.m., acrónimo comunmente usado para referirse a los presos políticos Mapuches. El telón de fondo de los atentados incendiarios es el “conflicto mapuche”, que desde los años ’90 enfrenta al grupo étnico más importante y numeroso del país con los agricultores y empresarios, por la propiedad de la tierra.
Sobre la nueva escalada de violencia, publicaron un documento e hicieron un llamamiento un grupo de diez religiosos que viven y trabajan en el territorio mapuche. Se trata, entonces, de un punto de vista confiable. “En muchos territorios donde prestamos nuestro servicio”, afirma el texto, “vemos que esta presión proviene de un modo de vida basado en el consumo que tiene como paradigma el acaparamiento de tierras y el extractivismo. Lo vemos en los actuales conflictos territoriales por el agua (centrales hidroeléctricas), por la tierra (forestación), por el mar (pesca industrial) y gravemente por los basurales y tendidos eléctricos. Los actuales escenarios de conflictos -afirman los religiosos- están todos relacionados con estas actividades industriales que responden a ese modelo de intervención que amenaza la vida de las comunidades mapuche”.
Los religiosos denuncian a continuación la “militarización del territorio, persecución política judicial a muchos hombres y mujeres de comunidades, incendios a viviendas, personas heridas por “enfrentamientos”, niños y niñas afectados por este clima de conflicto, amedrentamientos y amenazas, así como lo que hemos visto últimamente, la quema de templos cristianos”.
Los firmantes del documento manifestan alarma por la polarización que puede dar origen a enfrentamientos “cada vez más violentos mediante incendios intencionales, disparos de armas de fuego, represión policial a comunidades, detenciones arbitrarias, daños físicos a comuneros y efectivos de carabineros, vulneración de derechos de los niños y una larga lista de eventos que destruyen la convivencia”
El grupo de religiosos, tanto sacerdotes como miembros de comunidades monásticas, critican que la Iglesia chilena, “tantos años comprometida con la causa de los derechos del pueblo mapuche, hoy estemos cada vez más callados y distantes, incapaces de mediar o interpelar en busca del diálogo para la construcción de la justicia que trae la verdadera paz”. El texto también hace referencia a la Encíclica Laudato Si’ del Papa Francisco, en relación con el daño creciente a la naturaleza y sus criaturas provocado por “una elite empresarial que no se detiene en su afán de lucro”.
El origen de los principales conflictos del pueblo Mapuche en Chile es la explotación de la tierra que hacen grandes empresas del sector minero, turístico, energético y sobre todo forestal, que practican un monocultivo intensivo de especies exóticas (pinos, eucaliptus, etc.) para exportar madera. Lo que se está verificando en los últimos años es un crecimiento exponencial de la explotación del territorio ancestral, lo que implica fuertes daños económicos, sociales y culturales para las comunidades mapuches, obligándolas a un desplazamiento forzado y a refugiarse en la periferia de las ciudades, en condiciones de vida precarias y degradadas, con la consiguiente disgregación de las comunidades mismas, que se ven obligadas a someterse a la explotación, ofreciéndose como mano de obra a bajo costo para poder sobrevivir.
El documento concluye con dos propuestas: que el Estado restituya las tierras aunque eso requiera ejercer presión sobre las empresas para que las “entreguen” o las vendan, recurriendo incluso, si fuera necesario, a la expropiación por razones de utilidad o seguridad nacional, y un resarcimiento a las comunidades mapuches en términos de posiblidades de desarrollo autónomo: “No basta con tener tierras si las condiciones de desigualdad se mantienen y hacen imposible vivir de la tierra. [...] Es necesario hacer un esfuerzo de envergadura para ofrecer alternativas productivas sustentables. La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a producir sus alimentos culturalmente adecuados de forma sostenible, es decir, su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo”.
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