Todavía no se han cumplido dos años desde la fundación y ya fueron asesinados 29 miembros y otros tres se encuentran desaparecidos. Y mientras en Cuba las delegaciones del gobierno y la guerrilla discuten los restantes puntos del acuerdo que debería traer la paz, en Colombia se observa con preocupación la escalada de asesinatos políticos cuyas víctimas son representantes de la izquierda, líderes sindicales y campesinos que forman parte de un movimiento –Marcha patriótica- destinado a adquirir protagonismo una vez que comience el desarme y la participación de las FARC en la vida política nacional. Se reclaman garantías de seguridad al gobierno del presidente Juan Manuel Santos y algunos recuerdan la sistemática eliminación de representantes de la Unión Patriótica cuando se realizó el primer intento de acuerdo en 1985.
El objetivo era permitir que los guerrilleros que recibían la amnistía, a través de la UP pudieran ejercer una actividad política legal, y el Estado colombiano les había ofrecido garantías de seguridad y libertad para la actividad política. En las elecciones de 1986 la Unión Patriótica obtuvo un importante resultado electoral que le permitió elegir un grupo parlamentario, decenas de diputados regionales, alcaldes y varios cientos de consejeros comunales.
Un resultado que le costó caro: más de cinco mil dirigentes y militantes fueron asesinados, y entre ellos dos candidatos a la presidencia, parlamentarios, alcaldes y consejeros.
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